Si bien esta explicación me sedujo por un tiempo, mantuve “la ilusión meritocrática” –al decir del propio Bordieu- de que la educación puede darle un vuelco a la vida de las personas y que la buena escuela y el buen profesor importan más en el éxito escolar que la condición de origen de los estudiantes. En efecto, los resultados de la investigación a que aludimos, confirma nuestra observación de la trayectoria institucional de la buena escuela, como del comportamiento profesional de directivos y docentes. No da lo mismo cualquier escuela, como tampoco cualquiera puede ser director de estas ni mucho menos un semiprofesional puede tener la responsabilidad ni en la transmisión de la cultura y los conocimientos, ni en los valores necesarios para la formación personal y ciudadana de las próximas generaciones.
No podemos esperar realizar nuevas “experiencias pilotos” para convencernos de la necesidad de un cambio profundo en las políticas educativas: donde la formación docente se encare con decisión y firmeza desde las universidades (procesos de selección de estudiantes, rigurosidad formativa y disciplinaria); que los directivos basen su autoridad en el liderazgo y conocimiento de la gestión escolar especializada para hacerse responsables del desarrollo profesional de los docentes que son parte de su equipo educativo, como del futuro de la formación moral y académica de los estudiantes cuyas familias les han confiado su provenir. Nuestro sistema escolar está estancado y no despegará mientras sigamos esperando la receta política, pues ninguna propuesta legislativa en discusión actual resolverá los problemas estructurales que ahogan la creatividad e impiden la colaboración.
Hoy existe un consenso de que el grado de eficacia de la escuela debe ser medido con base en el progreso alcanzado por el alumno con referencia a su nivel de logro inicial (valor agregado), y no con base al nivel de logro actual (rendimiento “bruto”). Esta es una condición necesaria para que la comparación entre las escuelas sea “justa”. En este enfoque, entonces, la medición de eficacia institucional coincide con un criterio operacional del enfoque de justicia educativa. En efecto, esto puede dejar en evidencia que cuando una escuela es “buena”, lo es por que sus alumnos han mejorado sustancialmente su condición inicial y no porque su situación actual de buena escuela se deba a factores como la selección escolar o los recursos externos de que dispone. Indicadores “justos” del desempeño de la escuela necesitarán medir el progreso de los alumnos en la escuela, en vez de los “resultados” brutos en los exámenes nacionales. Otro aporte significativo dice relación con la calidad de los profesores: al interior de una escuela con cursos constituidos homogéneamente los avances son diferentes y cuando esas diferencias son significativas, es que es el profesor quien tiene debilidades en sus conocimientos o desempeños deficitarios.
Si el profesor importa, las políticas del sector deben ser coherentes: ingresos selectivos de estudiantes de pedagogía, rigurosidad académica en las universidades, prácticas de desarrollo profesional adecuadas a las necesidades de los estudiantes y un programa de compensaciones remuneracionales claro y estimulante. Mientras nuestros deseos de tener buenos profesores no coincidan con las medidas que tomamos, nuestra educación seguirá siendo un obstáculo para nuestros sueños de país desarrollado, inclusivo y más democrático.http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090322/pags/20090322224805.html